· *Responsabilizamos al Gobierno del
Estado de México de los crímenes y el terrorismo protagonizados por la mafia
del transporte.
· *Nuestra organización estudiantil
convoca a una manifestación contra el crimen político en el Estado de México.
El miércoles 6 de
febrero del presente año, a plena luz del día, fueron allanadas, en la
Delegación Tlalpan del Distrito Federal, dos casas de estudiantes
pertenecientes a nuestra federación estudiantil, en las que habitan alumnos de
diversas escuelas de la capital del país, principalmente de la UNAM.
Como
consta en las declaraciones ministeriales de los moradores y en el testimonio
fotográfico puesto a disposición de los peritos calificados, en los dos
inmuebles (uno habitado por varones y otro por mujeres) se introdujeron varios
sujetos que se distribuyeron en ambos domicilios, rompieron puertas, voltearon
muebles, vaciaron cajones y arrojaron al piso todo lo que encontraron a su
paso, pero sin sustraer objetos relativamente valiosos que solemos usar los
estudiantes, como equipo de cómputo y video, lo que demuestra que el móvil de
la violenta incursión no era el robo, sino la entrega de un mensaje amenazante
e intimidatorio; es decir, se trató de un vil acto de terrorismo.
Nuestra
organización estudiantil agrupa a decenas de miles de estudiantes de todo el
país, que luchan organizadamente por mejores condiciones de estudio; por
ejemplo, crea albergues estudiantiles como los que ahora fueron asaltados, y en
general trabaja por una transformación positiva del deteriorado sistema
educativo nacional. Estamos convencidos que las causas de este acto terrorista
en contra nuestra no tienen que ver directamente con lo que hacemos como Federación
estudiantil, sino que son un mensaje siniestro y canallesco dirigido contra el
Movimiento Antorchista, una organización de la que somos independientes orgánicamente,
pero a la que nos unen lazos filiales muy profundos porque hemos compartido
escenarios de lucha y logrado importantes victorias en pro de la educación de
la gente pobre. Es una relación pública, de la que ambas partes nos sentimos
orgullosas, pero que ahora alguien que trabaja en las sentinas de la operación
política utilizó para mandar un anuncio de muerte al antorchismo, por la vía de
allanar el hogar de estudiantes, simplemente para exhibir que los sicarios saben
dónde vivimos y que se pueden cebar en nosotros cuando lo deseen, sólo para
vengarse de la exigencia tenaz del antorchismo al gobierno mexiquense para que
deje de brindar protección a la mafia que controla el transporte en la entidad,
a costa de los derechos laborales de los choferes y de la eficacia económica
que urge en el país.
No
queremos que nuestra afirmación sea tomada como un exabrupto, fruto de la muy
justificada indignación que tenemos contra la agresión que aquí denunciamos,
sino como una acusación seria, con antecedentes documentados y exhibidos por
los afectados ante la opinión pública e, incluso, ante el gobernador del Estado
de México, mismos que a continuación resumimos.
La
amenaza que aquí denunciamos es la última de una larga serie de agresiones y
crímenes, ocurridos sin falta cada vez que los antorchistas anuncian alguna
movilización, se resisten a caer en las trampas de las interminables y
tramposas “mesas de negociación” o exhiben la complicidad gubernamental con Áxel
García, la cabeza más visible del anacrónico monopolio transportista del Estado
de México. He aquí algunos ejemplos:
24 de Abril de 2012. Una escalada agresiva del monopolio del transporte, que en unas cuantas
semanas había destruido a golpes 64 unidades de transportistas independientes,
robado otras 27, quemado 6, baleado 3, y lesionado a 34 choferes y 15
pasajeros, provoca que 30 mil antorchistas marchen ese día en Toluca. Ningún
funcionario los recibió; en cambio, el gobierno mexiquense operó, con recursos
públicos, incluyendo el canal de televisión oficial, una gigantesca campaña de
desprestigio contra los manifestantes y tendió un manto protector a los
agresores.
8 de Mayo de 2012. Una manifestación de más de 50 mil personas exige nuevamente al gobernador
Eruviel Ávila que intervenga y frene la actitud cómplice con el Pulpo camionero
por parte de los titulares de las secretarías de Transporte y General de
Gobierno. Ante la indiferencia gubernamental, el vocero nacional de Antorcha,
Homero Aguirre Enríquez, anuncia la realización de una mega manifestación de
cien mil participantes. Seis días después, su domicilio es allanado
violentamente por un comando. Hasta la fecha, no hay ningún detenido.
14 de mayo de 2012. Ante la gravedad de los hechos, se reúnen los dirigentes antorchistas con
el entonces subsecretario de Gobierno, ahora secretario, Efrén Rojas Dávila;
estuvo presente el secretario del Transporte, Jaime Humberto Barrera, el
subsecretario, Edmundo Ranero Barrera (quien aún permanece en el puesto). Por
parte de los transportistas acude, entre otros, el Lic. Pedro Sánchez Camacho, quien
prueba la complicidad de los funcionarios con el monopolio del transporte; dos
días después, a las 8 de la mañana, es asesinado de cuatro balazos, frente a su
domicilio. (Carpeta de investigación: 241970550061212). Tampoco hay ningún
detenido.
El mismo 14 de mayo, el gobierno firma una minuta cuyo primer punto dice: “Se
intervendrá para cesar las agresiones en contra de las empresas adheridas al
Movimiento Antorchista, restableciendo el estado de derecho y castigar a los
actores intelectuales y materiales de los hechos violentos.”; además, se compromete,
entre otras cosas, a respetar derroteros y concesiones de los trabajadores del
volante antorchistas. Nada de eso se cumplió. Cuando meses después los
negociadores antorchistas exigieron avances en los acuerdos, recibieron el
siguiente golpe:
28 de Septiembre de 2012. A las 4 de la mañana, en Cuautitlán Izcalli, es
asesinado Rogelio Rodríguez Estrada, conductor de un microbús y simpatizante de
Antorcha. El homicidio fue seguido de un aparatoso operativo formado por
hombres armados a bordo de 15 camionetas pick up, propiedad de Áxel García, y
20 patrullas estatales que les dieron cobertura para desalojar a punta de tiros
y golpes a los transportistas independientes conocidos como “guacamayos”. El
resultado fue de más de 20 lesionados entre choferes y pasajeros, 5 vehículos
destruidos a golpes y uno incendiado. En las redes sociales se pueden encontrar
testimonios de que la policía no actuó contra los agresores y llamados urgentes
para que interviniera el Gobernador. Tampoco aquí hay detenidos. Al contrario,
el gobierno entregó la ruta de los “guacamayos” a Áxel García.
22 de enero de 2012. En una reunión con el subsecretario del Transporte, Edmundo Ranero
Barrera, se tiene una agria discusión porque el funcionario hace una encendida
y cínica defensa del “derecho” de Áxel García a quedarse con esa ruta, tomada,
como ya se dijo, a punta de pistola. En la reunión está presente y toma la
palabra para refutarlo el Lic. Eduardo Rojas Juárez, en su calidad de asesor
legal de los transportistas. Dos días después, su hermano Fabián desaparece en
el municipio de Tultitlán, y su cuerpo sin vida es encontrado días después en
el municipio de Nextlalpan.
25 de enero 2013. Se efectuó otra
reunión, ahora con el Delegado del Transporte en Cuautitlán Izcalli, Jaer Hugo
Banda Robles, a la que acudieron el líder transportista Miguel Ángel Ocampo Lara
y Emigdio Martínez Galván; en el transcurso de la sesión entraron dos llamadas
al teléfono celular de Ocampo Lara para amenazarlo de muerte. Al día siguiente,
Emigdio Martínez Galván apareció muerto (estrangulado con
la banda del motor de su vehículo), y la casa de Miguel Ángel Ocampo Lara ha sido
baleada durante varias noches.
31 de enero de 2013. Balean la terminal del Grupo AZZ, filial de Antorcha, en el municipio de
Zumpango. Hay 6 detenidos, pero es inminente su salida de la cárcel, pues sólo
están acusados de daños a los bienes y no de usar armas de fuego y de intento
de homicidio.
6 de febrero de 2013. Antorcha realiza conferencia de prensa en Toluca; asisten dirigentes
nacionales y el vocero nacional, quien anuncia una marcha de 25 mil personas
para el 19 de febrero, y diversas acciones de denuncia en el país. Horas
después, allanan nuestras dos casas de estudiantes en el Distrito Federal…
Por lo aquí expuesto, no tenemos duda de que la responsabilidad de la
violencia es del Gobierno del Estado de México, quien una y otra vez ha sido
informado por las víctimas de quiénes cometen los crímenes y protagonizan las
vendettas y el terrorismo cada vez que los antorchistas anuncian alguna acción
o cuando la mafia busca romper algún mínimo avance en las negociaciones. El
Gobierno mexiquense se muestra omiso en castigar a estos criminales, lo que
equivale a protegerlos y ofender gravemente a las víctimas, a las que ahora,
sin deberla ni temerla, nos sumamos los estudiantes de la FNERRR.
Con todo derecho y plena conciencia, nos sumamos al clamor para que se
detenga la complicidad gubernamental con el monopolio del transporte y
advertimos que cualquier represalia contra nosotros, o cualquier participante
en esta lucha social, será la confirmación plena de la responsabilidad del
Gobierno del Estado de México.
Junto con esto, llamamos a las decenas de miles de estudiantes que forman
nuestra organización estudiantil a no dejarse intimidar y a prepararse para
movilizarnos en repudio a esta agresión contra nosotros, y contra todas las que
se cometan contra los luchadores sociales limpios de nuestra patria, como son
los antorchistas.
e-mail:
prensafnerrr@gmail.com
México, DF a 9 de
febrero de 2013.
