Gerardo
Suárez Hernández.
Vocero
nacional de la FNERRR.
7
de febrero de 2013.
Una
de las reformas más importantes y controvertidas que ha planteado el nuevo
Presidente de México Enrique Peña Nieto es la reforma educativa.
Resulta un lugar común hablar del fracaso
educativo en nuestro país centrándolo en la baja calidad de la educación que se
recibe en la escuela, el alto nivel de deserción escolar, el alto índice de
analfabetismo, la ignorancia generalizada entre la gran mayoría de nuestro
pueblo, la incultura que permea todas
las capas de la población, la insuficiencia de las instituciones de enseñanza
superior que se hace patente en el altísimo número de rechazados para ingresar
al nivel superior, la nula producción científica, entre otras.
Al
leer la reforma, pareciera que hay una gran coincidencia respecto al
diagnóstico al juzgar al sistema educativo nacional. Sin embargo, basta
recordar que las reformas gubernamentales en la materia se han sucedido una
tras otra en las últimas décadas, sin que la educación experimente una mejoría significativa, por el
contrario, en muchos aspectos la
situación empeora.
Y
es que, las discrepancias brotan tan
pronto se trata de precisar las causas que han provocado la crisis educativa y
las responsabilidades de los participantes en el proceso, revelando la
diversidad de enfoques y las medidas que se plantean para superar la problemática.
Por
su parte, la iniciativa del nuevo gobierno se muestra como el producto de un
análisis reflexivo y profundo del problema; señalando que el mismo no es
resultado de un factor único, sino de la concatenación de factores históricos,
económicos, sociales y jurídicos. A ese nivel de generalidad, considero que no
hay discusión, el enfoque del fenómeno es correcto; pero el problema brota cuando se plantean las
medidas a tomar. Se hace evidente la contradicción: A un problema
multifactorial se le pretende dar una solución unidimensional.
El
proyecto de reforma, después de su loable análisis de los problemas más
profundos que alberga el sistema educativo de nuestro país, plantea atacar
decididamente el lastre que representa el desapego a la ley que se lleva a cabo
en los procedimientos por los que se elige a los integrantes del magisterio. Se
plantea el fortalecimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación que, eso sí, no sólo evaluara a los docentes, sino a los educandos y
a los resultados obtenidos de la conjugación de ambos actores en las aulas,
para después poder dar directrices más claras de lo que se debe hacer en
materia de aprendizaje.
Lo
grave y decepcionante de la reforma, es que al no plantear una solución de
fondo al problema educativo del país, lo único que resultará, si es que algo
resulta, es que profesores con una mayor calidad académica, que sustenten su
puesto en los conocimientos que han obtenido, intenten transmitir los mismos
conocimientos a un creciente grupo de niños hambrientos, desnutridos y
enfermos.
Los
miles de niños y jóvenes que abandonan las escuelas por falta de recursos económicos
son un elemento palpable de la extrema desigualdad que impera en nuestro país.
El suplicio de Tántalo se hace presente de nuevo. La educación en todo el mundo
recibe el trato de una mercancía, el modelo económico imperante y sus poderosos
creadores han decidido que esa la mejor forma de distribuir la educación,
aunque sólo la pueden recibir aquellos que pueden comprarla, y aunque en este
país haya millones de familias que no pueden comprar la educación de sus hijos.
Entonces,
¿Los estudiantes de este país están eternamente condenados a la ignorancia? ¿La
educación continuará siendo algo inalcanzable para los más de 80 millones
pobres de nuestro país? No, de forma contundente digo que no. Si el estado no
está dispuesto a garantizar la educación digna y de calidad que el pueblo
necesita, entonces el pueblo la debe de tomar para sí. La solución sólo puede
venir del pueblo organizado, en el que la vanguardia nacerá de los niños y
jóvenes que salgan de las aulas a exigir un cambio de fondo en nuestro país,
enalteciendo las banderas de los más humildes y desprotegidos miembros de
nuestra nación.
Se
requiere un sistema social con una distribución más equitativa de la riqueza
producida. En el que se atiendan los problemas de alimentación, salud,
vivienda, servicios públicos, transporte, buenos salarios para los maestros,
y de todos los factores que de una u otra manera inciden en el proceso
educativo. Si esto no se atiende, no esperemos un cambio sustancial en la
educación de los mexicanos.
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